CUANDO LA EXCUSA ES LA DELINCUENCIA JUVENIL...
El trágico asesinato de un joven en el barrio de flores en diciembre de 2016 que conmueve a la sociedad, pero ademas pone en tema de la agenda mediática la inseguridad de la mano del delito juvenil. Por otro lado esto da pie a que el gobierno de Cambiemos tenga la intención de empezar a discutir un "nuevo régimen penal juvenil", que a su vez pregona la BAJA DE LA IMPUTABILIDAD, que actualmente esta fijada en los 16 años. Debito a este avance del gobierno y desviar a la sociedad de los problemas reales que tiene la argentina, sobre todo en materia económica, diferentes sectores: organizaciones sociales, políticas y académicas se unieron en una red llamada ARGENTINA NO BAJA.
Estas organizaciones coinciden en que hay que crear un nuevo Régimen Penal Juvenil y abolir directamente la ley 22.278 sancionada por la ultima dictadura militar mas sangrienta en la historia de la argentina, pero este nuevo régimen por ningún motivo debe proponer la baja de la imputabilidad, porque esto seria un retroceso ya que no se puede regresar de un derecho ya adquirido, y ademas la baja de la edad de la imputabilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad porque en términos estadísticos el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años en general y mas por menores de entre 14 y 16 años ( la franja de los que ahora no son punibles), es ínfimo. Se establece que sobre 175 homicidios registrados en 2015 en Capital Federal sólo 1 caso fue cometido por un menor de 16 años, en tanto 10 casos fueron atribuidos a chicos entre los 16 y 18 años, esto corresponde al 3,8% del total. Por otro lado en la Provincia de Buenos Aires en el 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales 126 son homicidios dolosos (es la voluntad de cometer un delito a sabiendas), osea menos del 0,5% del total.
Desde la construcción mediática se presenta a los adolescentes como culpables del delito (antes que se realice la investigación judicial) cuando esta avanza y desmiente la autoría del delito al adolescente, éste ya quedo en el imaginario social como el culpable.
Otro tema que preocupa son las cifras estadísticas que presenta el gobierno de Cambiemos a través de su Ministerio de Seguridad, el cual toma datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) ya que estos datos corresponden a la policía y no a la justicia. Ya que si tomamos como base a la información entregada por las comisarias es una cosa muy diferente que si tomamos la información de medios judiciales luego de una investigación que se constate de manera fehaciente que cometieron delito.
Lamentablemente en la actualidad no existen penas alternativas a la privación de la libertad del adolescente, esto ha sido motivo de sanciones para el país ya que a firmado diferentes tratados internacionales en los cuales cada país integrante se tiene que preocupar por priorizar otros métodos de penas, esos métodos punibles deben ser orientados a tomar medidas socioeducativas, de reparación, de inclusión social y afianzando el vinculo familiar, obviamente esto depende activamente del accionar de un estado totalmente presente ( no es el caso del actual).
En 2016 aumento considerablemente la pobreza y lamentablemente casi el 50% de nuestros niños están en situación de pobreza extrema, sumado a esto la gran desocupación y los ajustes en diferentes Ministerios como el de la Educación, pilar esencial de sostén social. Justamente el estado debe extender las políticas de protección de derechos y no de criminalización sobre la infancia y la juventud que no son el verdadero problema. Estos pibes que estan relacionados en situaciones delictivas o en el borde del delito, hay que abordarlos y trabajar con ellos fuera del sistema Penal.
Fuentes: Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). Concejo de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes. Suprema Corte y UNICEF
Estas organizaciones coinciden en que hay que crear un nuevo Régimen Penal Juvenil y abolir directamente la ley 22.278 sancionada por la ultima dictadura militar mas sangrienta en la historia de la argentina, pero este nuevo régimen por ningún motivo debe proponer la baja de la imputabilidad, porque esto seria un retroceso ya que no se puede regresar de un derecho ya adquirido, y ademas la baja de la edad de la imputabilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad porque en términos estadísticos el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años en general y mas por menores de entre 14 y 16 años ( la franja de los que ahora no son punibles), es ínfimo. Se establece que sobre 175 homicidios registrados en 2015 en Capital Federal sólo 1 caso fue cometido por un menor de 16 años, en tanto 10 casos fueron atribuidos a chicos entre los 16 y 18 años, esto corresponde al 3,8% del total. Por otro lado en la Provincia de Buenos Aires en el 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales 126 son homicidios dolosos (es la voluntad de cometer un delito a sabiendas), osea menos del 0,5% del total.
Desde la construcción mediática se presenta a los adolescentes como culpables del delito (antes que se realice la investigación judicial) cuando esta avanza y desmiente la autoría del delito al adolescente, éste ya quedo en el imaginario social como el culpable.
Otro tema que preocupa son las cifras estadísticas que presenta el gobierno de Cambiemos a través de su Ministerio de Seguridad, el cual toma datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) ya que estos datos corresponden a la policía y no a la justicia. Ya que si tomamos como base a la información entregada por las comisarias es una cosa muy diferente que si tomamos la información de medios judiciales luego de una investigación que se constate de manera fehaciente que cometieron delito.
Lamentablemente en la actualidad no existen penas alternativas a la privación de la libertad del adolescente, esto ha sido motivo de sanciones para el país ya que a firmado diferentes tratados internacionales en los cuales cada país integrante se tiene que preocupar por priorizar otros métodos de penas, esos métodos punibles deben ser orientados a tomar medidas socioeducativas, de reparación, de inclusión social y afianzando el vinculo familiar, obviamente esto depende activamente del accionar de un estado totalmente presente ( no es el caso del actual).
En 2016 aumento considerablemente la pobreza y lamentablemente casi el 50% de nuestros niños están en situación de pobreza extrema, sumado a esto la gran desocupación y los ajustes en diferentes Ministerios como el de la Educación, pilar esencial de sostén social. Justamente el estado debe extender las políticas de protección de derechos y no de criminalización sobre la infancia y la juventud que no son el verdadero problema. Estos pibes que estan relacionados en situaciones delictivas o en el borde del delito, hay que abordarlos y trabajar con ellos fuera del sistema Penal.
Fuentes: Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). Concejo de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes. Suprema Corte y UNICEF
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